Medellín, 9 de abril de 2025. Tras los anuncios realizados durante el más reciente Consejo de Ministros del Gobierno Nacional sobre la estructura tarifaria, especialmente la propuesta de contratación obligatoria del 95% de la generación y la aplicación de la Resolución CREG 101 066 de 2024, el Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (CEERA) manifiesta su profunda preocupación por los efectos adversos que estas medidas tendrán sobre las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), los generadores independientes y el desarrollo de nuevos proyectos renovables en Colombia.
Desde CEERA consideramos que las señales regulatorias adoptadas en lugar de incentivar la inversión la están desincentivando. Se están generando condiciones que afectan especialmente a los proyectos renovables no convencionales, entre ellos, las PCH y plantas a filo de agua, cuyas inversiones requieren estabilidad, visión de largo plazo y una comprensión adecuada de su naturaleza tecnológica y operativa.
Sobre la Resolución 101 066 de 2024
A pesar de que ningún generador se acogió voluntariamente a esta medida, en la práctica se está aplicando de forma obligatoria a las plantas, menores del sistema, quienes no fijan el precio en bolsa, entregan toda su energía disponible y no reciben ingreso del mismo mecanismo de cargo por confiabilidad. Esta norma desconoce las condiciones bajo las cuales fueron estructurados y financiados cientos de proyectos que hoy operan en el país, con base en reglas de juego claras y estables.
La medida regulatoria en este caso afecta el flujo esperado de ingresos y pone en riesgo la suficiencia financiera de cerca de 129 PCH que le entregan al país el 6% de la demanda diaria (14 GWh/día). También desincentiva la entrada de nueva capacidad porque no serán viables los proyectos. Contrario a lo que se afirma desde el Gobierno, esta medida no reducirá la tarifa del usuario final en el mediano plazo, como ya lo ha explicado CEERA respecto a la participación de estas transacciones frente al costo unitario de prestación del servicio. Adicionalmente, al desestimular la oferta, el resultado podría ser contrario al esperado: un sistema menos competitivo, menos diversificado y con mayor riesgo de concentración.
Contratación obligatoria del 95%: una medida que desfigura el rol del generador
La propuesta de obligar a todos los agentes a contratar el 95% de su generación es profundamente regresiva para los pequeños generadores. Este requerimiento, pensado sin distinción del tipo de tecnología, desconoce la naturaleza variable de fuentes como el agua, el sol y el viento. La medida traslada a los generadores independientes —que no son comercializadores— una carga que les impide estructurar sus proyectos con lógica técnica y financiera.
Esto terminará excluyendo a los actores más pequeños del mercado y profundizando las asimetrías existentes. Si se obliga por igual a una gran generadora con capacidad de portafolio y cobertura financiera que a una PCH de 20 MW, se está desconociendo la diversidad y complejidad del sistema permitan mejorar las condiciones para todos los componentes de la fórmula tarifaria.
Una alerta para el futuro energético del país
Las normas no pueden desconocer las asimetrías. Reglas iguales para agentes desiguales solo profundizan la inequidad y generan efectos colaterales que pueden comprometer la suficiencia energética del país. Sin nuevas inversiones, sin reglas claras, sin incentivos diferenciados, Colombia corre el riesgo de frenar el desarrollo de proyectos renovables, comunitarios y de pequeña escala, que son justamente los que más aportan a la diversificación territorial de la generación.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
Desde CEERA hacemos un llamado respetuoso pero urgente al Gobierno Nacional para revisar las decisiones anunciadas y abrir canales de diálogo con los agentes del sector, en especial con los generadores independientes. Las medidas propuestas deben ser revisadas bajo una lógica de coexistencia energética, donde todas las tecnologías —grandes y pequeñas, convencionales y no convencionales— puedan aportar a un sistema robusto, justo, competitivo y ambientalmente sostenible.
Asimismo, reiteramos que cualquier transformación en la estructura del sector debe hacerse con un análisis profundo del mercado y una revisión integral de los impactos y efectos, teniendo siempre presente que la sostenibilidad del sistema depende de su diversidad y de la confianza que ofrezca a los nuevos proyectos.
