COMUNICADO DE PRENSA | Medidas de gobierno frente a tarifas no tienen el impacto anunciado

Luego de la intervención del presidente Gustavo Petro, ayer en Barranquilla, el Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (CEERA) advierte que con las medidas anunciadas por el Gobierno las tarifas de energía no disminuirán para los usuarios, como ha sido indicado, ni tampoco es ilegal ni inconstitucional su cobro mientras entran en funcionamiento tales medidas.

“Si bien las movilizaciones reflejan la inconformidad ciudadana por los costos de la energía, las tarifas gozan de legalidad en su aplicación y en ese mismo marco, se deben buscar alternativas que den soluciones de fondo para que los precios de todos los componentes de la tarifa, y no solo la generación, logren mayores eficiencias”, manifestó la directora del gremio, Ángela María Sarmiento.

El impacto real de la medida anunciada

Las medidas anunciadas por el presidente, orientadas a la reducción de tarifas, no tendrán un impacto significativo en las facturas de los usuarios, puesto que aborda solo un elemento de la fórmula tarifaria. La resolución modifica los precios de algunas transacciones de energía en bolsa, sin embargo, la energía comprada en este mecanismo es en promedio solo un 20% de la energía, el resto proviene de
contratos a largo plazo con precios más estables.

Así mismo, el precio que se paga por la energía es apenas el 35% del costo total de la tarifa, lo que se traduce en que el impacto de esta medida en la tarifa final será casi imperceptible para el usuario.

Además, su implementación no es inmediata ya que requiere ajustes técnicos y regulatorios complejos, tarea que está en manos de XM S.A. E.S.P. quien ha venido respondiendo en cumplimiento de los plazos otorgados por la CREG, y cuyo actuar no está poniendo en riesgo la prestación del servicio, ni se han evidenciado en dicha empresa las causales previstas por la Ley para activar las acciones de control. Invitamos al gobierno nacional a que recurra a mecanismos objetivos para la aplicación de las herramientas constitucionales y cuando ello es necesario.

De otra parte, la medida tiene efectos no deseables para las nuevas inversiones en generación, especialmente con fuentes renovables no convencionales como las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, haciendo inviables inversiones por los costos a los que hoy se enfrentan estos proyectos. Esta condición puede llevar a que se cuente con menos oferta de energía y por tanto, a precios cada vez mas altos de generación o incluso no poder cubrir las necesidades de energía futuras.

El verdadero camino abordar los problemas de las tarifas

La solución estructural para el caso de los precios de la energía pasa por aumentar la oferta de generación y fomentar la competencia, lo que permitirá que los precios se regulen de manera eficiente, mecanismo de mercado que la Ley 142 de 1994 considera el mejor camino para actividades como la de generación de energía. Para ello, es clave:

  • Facilitar la entrada de nuevos proyectos de generación, considerando tanto aquellos de costos de operación bajos como también los que permitan garantizar la confiabilidad en el suministro.
  • Reducir las barreras de financiamiento, licencias ambientales y cargas impositivas que dificultan la inversión.
  • Fomentar una competencia real en el sector, tal como lo establece la Ley 142 de 1994.

Reiteramos que es preciso sumar a estas medidas, acciones que permitan mejorar las condiciones para todos los componentes de la fórmula tarifaria.

Llamado al gobierno y a la ciudadanía

Desde CEERA reiteramos la necesidad de informar con precisión a la población para evitar expectativas poco realistas y que, en el mediano plazo, podrían generar mayor desconfianza en las instituciones y en el sector energético.

Invitamos a dirigir los esfuerzos para tomar decisiones que lleven a una gestión eficiente de la matriz energética del país, a trabajar de la mano gobierno, empresa y usuarios para que el servicio de energía eléctrica se brinde en condiciones de confiabilidad y bajo los criterios previstos en la ley de eficiencia económica y suficiencia financiera.

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